El ostracismo de la acuicultura

La acuicultura, entendida como el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianzas de especies acuáticas vegetales y animales, es una actividad empresarial relevante y de larga tradición en numerosos lugares de España, tanto costeros como fluviales. De hecho, nuestro país es el principal productor en este sector primario de toda la Unión Europea.

Pero como todos los sectores económicos, la acuicultura también se ha visto afectada por la crisis. Según recoge el Anuario Estadístico de España del año 2015 con datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el número de establecimientos dedicados a este tipo de actividad se ha visto reducido. En el cómputo total se aprecia como España contaba en el 2006 con 5.228 lugares destinados a la cría de especies acuáticas; mientras que en el 2013, el último año sobre el que se ofrecen números, fue de 5.025, de los cuales 163 lo eran de acuicultura continental (agua dulce) y 4.862 de acuicultura de aguas marinas o salobres.

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Si bien puede parecer que la acuicultura es un sector económico de poco volumen (la cifra de empleo en el 2013 fue de 18.806 personas), está formado por micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que ofrecen empleo de calidad y resultan competitivas, situándose muchas de ellas a la vanguardia de la acuicultura en Europa, comercializando sus productos en diversas zonas del planeta. Sus características las obligan a establecerse en zonas rurales o costeras remotas, donde a menudo, es la única actividad empresarial generadora de trabajo cualificado, estable y de calidad. Además, ofrecen un notable porcentaje de empleo femenino a todos los niveles de responsabilidad.

A pesar de su buena salud, durante los últimos años, la acuicultura española se ha visto frenada por contiendas administrativas y por la inexistencia de oportunidades para poder competir en el mercado de la Unión Europea frente a importaciones desde terceros países. Es una lástima que esta actividad se vea abocada a un estancamiento por cuestiones que podrían ser superadas a través de actuaciones destinadas a simplificar los procesos administrativos o reforzar la competitividad de la Unión Europea, así como fomentar condiciones de competencia equitativas para los diferentes agentes económicos del sector a través de sus ventajas competitivas.